Encuentre las brechas antes que la fiscalización.

Es el mecanismo con el que se verifica que su Sistema de Gestión de SST no solo existe en papel, sino que se aplica y es eficaz para prevenir riesgos laborales. La exige el artículo 43 de la Ley N.° 29783, y solo puede ejecutarla un auditor independiente inscrito en el registro del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.

La periodicidad la fija el artículo 15 del D.S. 014-2013-TR: cada 2 años para empleadores con actividades de riesgo, y cada 3 años para el resto. Es obligatoria desde el 1 de enero de 2015.

En la práctica cumple dos funciones: acredita el cumplimiento ante una eventual fiscalización de SUNAFIL, y revela las brechas reales entre lo documentado y lo que ocurre en planta —exámenes médicos, capacitaciones, monitoreos, matrices de riesgo, uso efectivo de EPP— con tiempo para corregirlas antes de que se conviertan en sanción.

La ITSE (Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones) es la evaluación municipal que verifica que un local reúne las condiciones de seguridad estructural, de instalaciones y de protección contra incendios exigidas para la actividad económica que va a desarrollar. La emite la municipalidad del distrito donde está el establecimiento.

No es lo mismo que la licencia de funcionamiento: la licencia autoriza la actividad, la ITSE certifica que el inmueble es seguro para esa actividad. Ambas son necesarias.

El orden depende del nivel de riesgo del establecimiento: en riesgo bajo y medio la inspección es posterior al otorgamiento de la licencia; en riesgo alto y muy alto debe realizarse antes. Aplica a locales comerciales, industriales, almacenes, oficinas, centros educativos, establecimientos de salud, hoteles y locales de concentración de público, entre otros.

El acompañamiento incluye el diagnóstico de línea base, el levantamiento de observaciones y la preparación del expediente técnico para la inspección.

La revisión del sistema de gestión frente a la normativa vigente aplicable a su sector y operación, la identificación de brechas legales y riesgos operativos, y un informe de hallazgos priorizados. No se entrega una lista sin contexto: cada hallazgo indica el requisito incumplido y la acción que lo cierra.

No. Ninguna auditoría privada sustituye la fiscalización del Estado. Lo que hace es anticiparla: identifica los mismos incumplimientos que un inspector observaría, con tiempo suficiente para corregirlos antes de que deriven en una sanción.

Se le informa de inmediato, sin esperar al informe final, y se prioriza el hallazgo según su exposición legal y su riesgo operativo. El objetivo no es levantar observaciones, es cerrarlas: cada hallazgo crítico va acompañado de la acción correctiva concreta y el plazo recomendado.

Sí. Se han ejecutado auditorías en plantas y operaciones de Perú, Colombia y Guatemala. En Perú, con presencia habitual en Lima, Trujillo y Chiclayo. El alcance y la modalidad —presencial o mixta— se define según la ubicación y el tipo de auditoría.

La experiencia cubre minería, energía y electricidad, manufactura, construcción, transporte, saneamiento y agroindustria, entre otros. La normativa de SST y medio ambiente es transversal a todas las actividades económicas, así que el trabajo también aplica a sectores no listados: lo que cambia es el marco sectorial específico y la matriz de riesgos, no el método. En el diagnóstico inicial se define el alcance según su operación.

Con una reunión de diagnóstico inicial, sin costo, para entender la operación, el estado actual de su sistema de gestión y el motivo de la auditoría. De ahí sale el alcance real y la propuesta. Puede iniciarlo completando el formulario de solicitud de proforma; para consultas rápidas también está disponible el contacto por WhatsApp en el pie de página.